Por Julio María Sanguinetti 

El Frente Amplio, como es su estilo, ha salido airado a impugnar el derecho de Ancap a realizar  una publicidad informativa sobre el texto de la ley que le habilita a asociarse con capitales privados. Es obvio que lo hace de modo estentóreo para tratar de que no se hable de las sensacionales declaraciones del Dr. Vázquez reconociendo que no se vendía Ancap cuando estuvieron durante un año juntando firmas diciendo lo contrario y pintando los muros del país entero .

En el caso, Ancap no ha hecho otra cosa que la que, en su momento, hizo UTE cuando se intentó derogar, también por la vía del referéndum, la ley sobre marco energético. De modo que hay precedentes claros y el asombro que pretenden los legisladores frentistas y el sindicato de Ancap no tiene fundamento alguno.

En lo sustancial, está claro que los Directores de los Entes Autónomos como el Presidente de la República no pueden participar en la actividad electoral proselitista. Ello quiere decir que no pueden patrocinar un partido, financiar elecciones o participar de cualquier acción política de esa naturaleza. A nadie se le puede ocurrir que no puedan hablar de sus propios actos, en la órbita de sus responsabilidades. ¿El Presidente no puede defender y aún publicitar una ley que él propuso y promulgó? ¿No podría por ejemplo difundir una ley con normas restrictivas sobre el uso del alcohol o el tabaco, que requieren de un amplio conocimiento público? Está claro que sí pueden y podría decirse hasta que deben. 

Lo mismo ocurre con los Directores y Directorios de Entes Autónomos. Tratándose de una ley sobre Ancap, que hace a su propia sobrevivencia, ¿cómo es que Ancap no puede opinar y difundir su opinión? Se trata de defender una ley que es una ley de la República, hoy por hoy obligante para todos los ciudadanos. Sería absurdo que no se pudiera defender una ley y divulgar su contenido, tal cual está haciendo. No se está propiciando un candidato ni un partido, se está divulgando una  ley –cuyo texto es bastante poco conocido, por otra parte- y la opinión de la propia Ancap sobre su futuro.

No estamos en el caso en una campaña electoral. Estamos ante un recurso contra una ley. Tan recurso como sería impugnarla de inconstitucionalidad, por ejemplo. Y en se caso, ¿el Directorio no podría opinar, no podría discutir, no podría publicitar su opinión para mejor defender su derecho? Cualquier empresa particular podría hacerlo y cualquier empresa pública tiene también ese derecho. Se diría algo más: no solo tiene el derecho sino el deber, porque después de todo la Ancap como empresa, y su Directorio como Administrador, no pueden callar cuando está en juego su existencia.