Por Julio María Sanguinetti


La suspensión del pago de la asignación familiar a las familias que no envían a sus hijos al sistema educativo oculta una realidad mucho más grave y ominosa.
 

El BPS  y el Codicen han suspendido el pago de la asignación familiar a 32.558 padres de alumnos que la cobraban pero cuyos hijos no iban a la escuela o el liceo. Es un 6% de los 528.000 beneficiarios, que perciben $ 1.400 por mes. Se informa que en ese número, ya de por sí alarmante, la mayoría ni siquiera está inscripta.
 

Esa escueta información desnuda una realidad que todos quienes viven el día a día de la enseñanza la consideran infinitamente peor. En efecto, la cifra recoge fundamentalmente a quienes no están inscriptos y esconde una situación mucho más grave y es la deserción gigantesca de alumnos de secundaria. Los profesores de liceos de la periferia montevideana estiman, en términos generales, que sus clases hoy por  hoy -a mediados de año- están raleadas en un orden del 30%. Son alumnos que están inscriptos, cuya inasistencia no siempre se registra, pero que de hecho ya han abandonado los estudios.
 

Este tema -más bien problema y grave problema- es la peor amenaza que sufre la sociedad uruguaya en su perspectiva de futuro. Es notorio que el mercado laboral exige cada día mejor preparación, como inevitable consecuencia de  trabajos cada vez más técnicos. ¿Qué le espera a esa legión de muchachos sin preparación mínima? Y, lo que es peor aún, ¿qué puede aguardar la sociedad de su inserción en ella?
 

Desde ya que adolecemos de un terrible problema de calidad, denunciado todos los días, en los más diversos ámbitos universitarios o laborales. A ello se añade esta otra visión, aún más elemental, que es el acceso mismo al sistema educativo. En la educación primaria se inscriben, pero muchos desertan y en secundaria esa fuga es casi masiva.
 

La medida adoptada por los organismos referidos es de encomio, pero apenas supone el comienzo de un arduo esfuerzo que venía siendo postergado. La asignación familiar es un viejo beneficio social, que se presta desde 1943. Estuvo hasta 1967 a cargo de un organismo específico (el Consejo Central de Asignaciones Familiares), para pasar luego al BPS. Funcionó bien durante años, hasta que en los últimos tiempos se vive un real desborde y el incumplimiento abierto del deber de asistencia al sistema educativo. Más vale tarde que nunca y por eso es de buen recibo que se haga el anuncio público que comentamos, pero insistimos: sólo es la punta del iceberg. Por debajo, la realidad es infinitamente peor y requiere esfuerzo, trabajo y seriedad. El permisivismo es fatal, especialmente con los más pobres, que si no entran rápidamente al sistema educativo -aunque sea más o menos coactivamente- quedarán rezagados para siempre.