Por Julio María Sanguinetti


Cuando actuaba como Senador del Frente Amplio, el Sr. Jorge Saravia calificó de “golpe de Estado técnico” el  intento de anulación de la Ley de Caducidad que pretendía por entonces el Frente Amplio. En esa posición le acompañaron entonces otros Senadores, como Nin Novoa o Fernández Huidobro (hoy silenciosos). Ese concepto -aparentemente exagerado- describe con claridad, sin embargo, el atentado que ahora perpetra el Frente por la vía legal. Amparado en su mayoría, no acata dos pronunciamientos inequívocos de la ciudadanía, desconociendo así la máxima expresión de la soberanía nacional.


Esto es institucionalmente ilevantable y no hay argumento que pueda desconocer ese hecho.

Se dice, sin embargo, que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos impondría hacerlo.  No es verdad:

1. Porque la sentencia ha de cumplirse conforme a la Constitución y la ley de caducidad es una ley de amnistía votada por el Parlamento y ratificada popularmente. Ninguna sentencia le puede imponer al Estado uruguayo que viole su propia Constitución, desconociendo sus principios.

2. Porque la citada sentencia no manda dictar ninguna ley sino remover cualquier obstáculo para la averiguación de los hechos, lo que es evidente que no impide la Ley de Caducidad. Los hallazgos de restos de estos días, así como todas las excavaciones realizadas, dicen a las claras que nada impide indagar y conocer los hechos. Lo que la amnistía impide es juzgar, que es otra cosa muy distinta, como impidió juzgar los delitos cometidos por los guerrilleros y que permanecen impunes (30 asesinatos, por ejemplo).

3. Porque la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Estatuto que crea la Corte, establece (art. 9) la irretroactividad de la ley penal, de modo que no puede aplicarse hacia atrás ninguna norma que perjudique al reo. Este es un principio jurídico milenario. ¿La sentencia podría ir en contra del propio Estatuto que aplica?

4.  Porque la misma cosa dice la Convención de Roma, que reconoce como un derecho fundamental que ninguna ley penal se aplique retroactivamente.

El tema jurídicamente es claro. Más claro aún lo es en el terreno de la moral política. Porque quienes hoy se sublevan contra la soberanía popular son aquellos que buscaron su pronunciamiento. Dos veces el Frente Amplio juntó firmas para que “el pueblo decida”, como rezaba su clásico slogan. Y como el pronunciamiento fue adverso, no lo cumple. ¿Se vio alguna vez inmoralidad política de magnitud parecida? Una y otra vez engañaron a la ciudadanía con la apelación de que ella decidiría; y una y otra vez buscaron otro camino ante su negativa. En este país hasta la dictadura respetó el voto popular, como ocurrió en 1980, cuando el plebiscito de entonces.
 

En todo esto hay, justamente, una notable inmoralidad. Como lo fue no defenderse ante la Corte Interamericana y dejar correr los plazos sin que el Estado uruguayo explicara las poderosas razones que tuvo, “por el bien común”, para dictar amnistías, las dos amnistías. La Convención Interamericana es clara en cuanto a reconocer que todos los derechos están limitados “por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática”. Este fue el caso. Por esas razones se amnistió a los guerrilleros que hicieron una revolución para derribar el sistema democrático uruguayo y se les dejó en libertad al retornar la democracia. No podían quedar allí, en la cárcel, como un constante factor de irritación. Lo mismo se hizo luego con los militares y sus violaciones. Exonerados los guerrilleros, ¿era justo condenar a quienes los persiguieron? Todos habían cometido delitos, pero la paz del país, el bien común, la búsqueda de la seguridad de todos, imponía esas amnistías que fueron, por otra parte, la solución que nuestro país aplicó a lo largo de su historia, al término de cada guerra civil. 

No nos hemos dedicado a mantener viva la memoria de las aberraciones de los Tupamaros. Que fueron terroristas, porque terrorista es matar cuatro soldados semidormidos haciendo guardia en la puerta de una casa, como terrorista es matar un pobre peón rural porque les había visto, secuestrar un Embajador extranjero y tomarlo de rehén para exigir la liberación de presos, o dinamitar una institución social con su cuidadora adentro. No hemos alimentado el odio de las nuevas generaciones con esos recuerdos. Desgraciadamente, desde el otro lado se lo ha hecho con los militares. Y hoy parecería que todo el mal fue de estos y todo el bien estuvo del otro lado. La verdad es bien otra. Todos violaron los derechos individuales y, en nombre de la paz, todos fueron perdonados ante la ley. Para que viviéramos en calma, como hemos vivido desde 1985. Sin sublevaciones militares ni guerrilleras como, en cambio, han sufrido otros países, tal el caso bien cercano de la Argentina. 
 

El Frente Amplio esta vez ha rebasado una frontera. La de la legalidad democrática. Hoy ya no puede invocar sus principios ni su sistema. Esperamos que la Suprema Corte de Justicia restablezca el Estado de Derecho y declare la inconstitucionalidad de esta ley que viola todos los principios políticos y jurídicos que nos constituyen como República.