Por Julio María Sanguinetti 

Aquello de “lo político prima sobre lo jurídico” parece ser ya doctrina oficial. El dictamen del Tribunal de cuentas, señalando la clara inconstitucionalidad e ilegalidad del proyecto Antel-Arena, fue desestimado sin más por la presidente de Antel y la Intendente de Montevideo.

El dictamen [del Tribunal de Cuentas ni le ha  movido un pelo a la administración frentista. El órgano encargado del contralor de la legalidad ha declarado la inconstitucionalidad e ilegalidad del proyecto de Antel Arena, pero de inmediato ha sido descalificado el pronunciamiento como algo prácticamente inexistente.

Es verdad que se trata de un dictamen producido a solicitud de la Junta Departamental de Montevideo y que, en consecuencia, no es vinculante. Jurídicamente, no detiene la acción administrativa emprendida por Antel en convenio con la Intendencia de Montevideo.

Esta circunstancia, no hace indiferente, sin embargo, al pronunciamiento. El Tribunal de Cuentas no es cualquier organismo. Es el organismo especializado en analizar la legalidad de los actos de la administración y, en el caso, brinda una contundente razón: el principio constitucional de especialidad de los órganos del Estado les impone a éstos actuar estrictamente en el ámbito de su competencia, que en el caso es telefonía y telecomunicaciones (art. 190 de la Constitución). Expresamente le prohíbe realizar “negocios extraños al giro que preceptivamente le imponen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”. A ello se añade la ilegalidad de exorbitar los cometidos que su ley orgánica le confiere.

En este país fue preso un honrado director de OSE porque la Justicia consideró “abuso de funciones” haber dispuesto una contribución del organismo con unas pocas bolsas de portland a un monumento al caballo a realizarse en una localidad del interior. Era una de las tantas contribuciones menores que una gran empresa hace con fines de aproximación al público, de afirmación de una imagen solidaria, en definitiva de promoción de su imagen. No se trataba de ningún gran gasto, apenas una de las tantas ocasiones en que las empresas públicas —como las privadas— contribuyen a una causa popular, sea ayudando a una escuela o a un hogar de ancianos. Naturalmente, no se trataba de que la empresa fundara una escuela pública, porque allí sí estaríamos desviándonos claramente de su función. Pero una pequeña contribución siempre se ha estimado que forma parte de sus buenas relaciones públicas.

El caso de Antel es justamente el contrario. Aquí se invierten 40 millones de dólares —o más, ya se verá— para levantar un estadio que la ciudad ni siquiera precisa. Ello supondrá, además de la construcción, una administración costosa para manejar un negocio realmente ajeno al giro de la empresa, como es la organización de espectáculos.

En la ofensiva frentista también reapareció el ex Senador Korzeniak  invocando un artículo constitucional que habilita los acuerdos entre entes autónomos e intendencias (art. 262, numeral 5) sobre “la organización y la prestación de servicios y actividades propias o comunes”. Para empezar, no está en conflicto que puedan existir esos acuerdos. Pero el texto es bien claro, justamente al revés de lo que invoca Korzeniak, pues se trata de “actividades propias o comunes”. Y hacer un estadio y manejar un negocio de espectáculos claramente no es “propio” de Antel. No se trata, por ejemplo, de hacer un acuerdo sobre cómo pagar o realizar perforaciones en las veredas para un cableado de telecomunicaciones, o algo análogo. Como si faltara poco, la Presidente de Antel salió dando ejemplos de asuntos “inconstitucionales” y comienza invocando el Parque de Vacaciones de Ute-Antel, que nació —adentro de UTE— para beneficio de su personal, asunto no discutible por cierto.

El Frente Amplio, que atronó espacios públicos y privados oponiéndose a algo tan adecuado, necesario e importante como el edificio propio de Antel (la Torre de las Telecomunicaciones), ahora defiende estólidamente y sin fisuras esta obra que no es otra cosa que tratar de ofrecerle a la desvalorizada Intendencia de Montevideo una solución y -de paso- proyectar la presidente de Antel. Se quejan de la explotación política cuando esto es, ni más ni menos, que una operación política dirigida a ofrecer algún prestigio de realizador a ese Titanic de 18 y Ejido, que se hunde cada día más.

Derrumbado el Cilindro Municipal por la incuria y abandono de la Intendencia, ese predio baldío era una acusación permanente. Había que hacer algo y allí salió Antel a tapar el agujero con este salvavidas. Es una suma demasiado importante, que bien pudo emplearse en sus cometidos específicos, abaratando los carísimos servicios de la empresa. 

La legalidad, una vez más, no importa. Ya lo dijo nuestro Presidente: “lo político está por encima de lo jurídico”. Una vez más y van…