Por Julio María Sanguinetti



Han pasado los meses y la Fiscalía de Corte sigue, irregularmente, bajo la tutela de la Dra. Guianze, que hace y deshace, ejerciendo su influencia administrativa como si fuera a ser eterna.

Por esa razón el Comité Ejecutivo del Partido Colorado se dirigió por nota al señor Presidente de la República pidiéndole que el Poder Ejecutivo se pronuncie sobre el recurso que oportunamente presentó. Se supone que esa resolución será ratificatoria del acto de designación, pero por lo menos abre la instancia judicial del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Ínterin sigue la trancadera política. Hasta se anuncia oficiosamente que el Presidente no conducirá más diálogos personales con los partidos, por más que este tema estuviera en el ámbito parlamentario.

Ahora, se hace imprescindible que al abrirse las actividades parlamentarias, en el mes de marzo, se establezca la rotunda prioridad del tema. La situación es claramente irregular y se seguirán acumulando irregularidades en expedientes susceptibles de impugnación, tal cual ya se ha hecho en algunos asuntos en que intervino la Fiscal de Corte. O sea que quien está perdiendo garantías es el ciudadano común, a quien la justicia se le hace progresivamente menos confiable.

La cuestión no debe confundirse con otras. Aquí hay la ocupación de facto de un cargo fundamental en la estructura judicial. No es asunto político ni de apreciación subjetiva. Se está objetivamente fuera de la ley. Por lo mismo no debe mezclarse con otras cuestiones, por importantes que ellas sean.